Aproximadamente hace dos años que quedó implantada en España la obligatoriedad de disponer del Certificado Energético de las Viviendas. Este certificado abarca tanto a las viviendas que se vendan como a las que se alquilen. Claro que, como sucede en otras cosas de este país, mucha gente hace caso omiso al tema por falta de información sobre todo o bien porque ponen en práctica la picaresca en este asunto. Muchos de los que se hacen con este certificado ni siquiera saben que tendrá una vigencia de diez años y que deberán hacerlo presencialmente y no pasar datos por teléfono al técnico para que lo elabore, con el riesgo de falsedad en las características que ello conlleva.

Para obtener el Certificado Energético de Viviendas, un técnico homologado deberá calificar el grado de eficiencia de una vivienda, detallando si el edificio está preparado para ahorrar energía o la derrocha por cualquier motivo relacionado con su estructura. La valoración será más o menos aceptable en función de la letra que se indique en el certificado. Si es A, tanto el comprador como el inquilino podrán ahorrar energía durante su estancia. Por el contrario, si es F o G hay un problema que debe subsanarse. Las anomalías detectadas pueden tener que ver con ventanas, calefacción, puertas o cualquier otro motivo que ni siquiera se haya apreciado hasta entonces. Cuando surge un comprador o un inquilino, éste sabrá a qué atenerse en función de la información que se le suministre a través del certificado.

Ha pasado el tiempo desde la implantación de este sistema de información al usuario y aún es palpable la desidia, la falta de información y la picaresca que gira en torno a este asunto, viéndose por muchos como solamente una tasa o un impuesto más que ha creado el estado y perjudicando con ello al consumidor que tiene todo el derecho a saber a qué se va a enfrentar en cuestiones energéticas cuando habite la vivienda que ha comprado o que ha alquilado. Muchos se llevarán la dolorosa sorpresa en las facturas del agua y del gas, entre otras, cuando ya no tenga remedio.

Si le damos un poco la vuelta al tema, para el que vende o alquila este certificado supone una garantía con sus corresponientes ventajas añadidas. Por ejemplo, el mostrar el certificado al inquilino o al comprador, donde se se vea con claridad que el edificio cumple con lo establecido en eficiencia energética, y hacerle ver que este hecho le supondrá un significativo ahorro anual en energía, siempre será un valor añadido para justificar el precio a cobrar por alquiler o venta.

Pero para conseguir que el Certificado Energético de las Viviendas funcione como debe, hace falta una campaña de información adecuada, en la que se nos haga saber a todos de las ventajas de esta medida. Ello hará que tanto comprador como vendedor se preocupen de tenerlo en cuenta a la hora de tratar sobre una vivienda, que será más premiada o rechazada en función de las indicaciones de este certificado. Por el contrario, si no hay concienciación, esta medida seguirá siendo considerada solo un impuesto más que hay que pagar.