Desde el pasado 1 de junio de 2013, las viviendas en venta o en alquiler deben disponer obligatoriamente de un certificado de eficiencia energética. De no ser así, los propietarios pueden ser multados con sanciones que van desde los 300 hasta los 6.000 euros, según el Real Decreto aprobado el 5 de abril de 2013.
Este certificado especifica mediante una escala de la A a la G, el nivel de emisiones de CO2 de una vivienda en comparación con las dimensiones del edificio. De este modo, se pretende que el comprador o el inquilino pueda valorar y comparar la eficiencia energética como un factor añadido para la toma de decisiones de compra o alquiler.
Para solicitar el certificado energético de una vivienda deberemos acudir a un arquitecto técnico o ingeniero con las competencia adecuadas para llevarlo a cabo. Los precios y tarifas del certificado de eficiencia energética son variables ya que cada técnico establece sus propios precios. Si bien es cierto que se pueden encontrar arquitectos que realizan la certificación energética a muy buen precio.
Por lo general, todos los inmuebles disponibles para la venta o el alquiler están obligados a tener una certificación energética. La normativa también incluye algunas excepciones como los pisos arrendados durante menos de cuatro meses, edificios aislados con menos de 50 metros cuadrados útiles, edificios y monumentos protegidos en los que se altera su carácter o aspecto, lugares de culto o religiosos, construcciones provisionales (para menos de dos años) y la parte no residencial de edificios industriales y agrícolas.
Una vivienda con mejor eficiencia energética tiene una menor exigencia de calefacción y/o climatización. Además suelen ser viviendas construidas con materiales de mayor calidad y en su conjunto son más eficientes energéticamente. De este modo, una vivienda con una cualificación energética alta necesitará menos energía y eso a la larga se convierte en un ahorro económico importante.
